Política

Beneficios son para empresas corruptoras

En opinión de los tribunos Ernesto Blume y José Luis Sardón, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 30737, presentada por más del 25 % de miembros del Congreso de la República, debió ser declarada fundada, dicen en su dictamen de minoría.

Dicha norma vulnera el derecho a la igualdad ante la ley reconocido por el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, “al establecer un trato privilegiado en favor de las empresas que celebran acuerdos de colaboración eficaz con un fiscal provincial”, afirman.

“Indebidamente, la ley extrapola el régimen de colaboración eficaz —establecido en el Nuevo Código Procesal Penal para personas naturales que incurran en responsabilidad penal— a empresas que incurren en responsabilidad administrativa y/o civil, al estar relacionadas a la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o conexos”, agregan.

Las consecuencias de esta indebida extrapolación incluyen importantes beneficios para las empresas corruptoras. “Mientras que el bodeguero de la esquina que tiene una deuda tributaria puede ser embargado por Sunat, las grandes empresas —que han repartido millones de dólares entre políticos y funcionarios públicos corruptos, a cambio de contratos ventajosos con el Estado— no pueden serlo si celebran dichos acuerdos de colaboración eficaz con un fiscal provincial”.

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