Política

Gladys Echaíz: “Es deber de Ávalos acudir al Congreso”

¿Por qué entra a la política, luego de varios años que dejó el Ministerio Público?

Todos tenemos algo de políticos, aunque a veces la coyuntura nos lleva a ingresar. Cuando tenemos experiencia en la administración pública, es un deber aportar para mejorar los servicios que presta el Estado. Podría verse como egoísmo sentarnos a mirar y criticar, en vez de venir y entrar al trabajo mismo. Me invitaron a aportar en temas que he trabajado toda mi vida, y aquí estoy.

De llegar al Congreso, ¿cómo se saldría del entrampamiento de no reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional con mandato vencido?

Si no lo hace este Congreso en el tiempo que le queda, será una de nuestras tareas. Los nuevos miembros serán aquellos que exhiban mejores niveles competenciales, por encima de un promedio superior de la judicatura, y con formación político-jurídica. Debemos poner remedio a esta situación de que, cada vez que son elegidos por un periodo, se quedan por el doble. La ley orgánica del TC debe modificarse para señalar plazos. Por ejemplo, que seis meses antes de que alguno cumpla su plazo, ya debe convocarse concurso para que, llegado el momento, tengamos a los nuevos listos.

¿Cómo vio la actuación del TC cuando se cerró el Congreso con una “denegación fáctica”?

Eso fue un criterio muy personal, una creación de miembros actuales porque eso no se dio. No está tipificada ni podemos adecuarla en este concepto, y con los hechos se demuestra que así ocurrió y debió evaluarse. Los congresistas estaban reunidos para elegir a miembros del TC y el Poder Ejecutivo pedía que no se eligiera antes de escucharlo. Como siguió la sesión, interpretaron una denegación fáctica. Ha quedado el sinsabor de una sentencia que fue tomada más desde el punto de vista político que el constitucional, más político e ideológico que basada en las normas. Eso provoca inseguridad jurídica y se pierde confianza en las instituciones.

Luego el TC se sustrajo de la materia cuando hubo una demanda por la vacancia presidencial…

Esto puede debatirse, pero dio mucha pena que luego salieron cada uno en medios de comunicación a defender sus votos. Son comportamientos personales que desdibujan la imagen de la institución, cuando eso se debe evaluar internamente, y adoptar una posición corporativa. Quien quiera ver los fundamentos del voto de cada uno, puede hacerlo en la página web oficial, pero salir a defender posiciones, y en el tono en que lo hacen, da la sensación de politización y presión para orientar posiciones en uno u otro sentido, y resta seriedad a un magistrado de ese nivel. Si salgo a explicar técnicamente, hago docencia, informando al pueblo detalles de tal o cual tema jurídico. Eso debe ser revisado y tiene que ver con comportamientos profesionales y personales.

¿Se imagina que una sala suprema emita una sentencia, y luego cada vocal salga a defender sus votos discrepantes?

En la Suprema no. No solo porque haya ley o no lo haya sino porque hay una norma no escrita en defensa de la institución. Debemos mantener la altura y nivel, no descendamos al manoseo público.

En el Ministerio Público se producía más esta situación. ¿Qué pensaba cuando veía a fiscales de equipos especiales siendo entrevistados a cada rato en la prensa?

Las investigaciones deben ser por hechos con aparente contenido penal, cometidos por A o B persona. Se debe informar que se está trabajando, y avanzando para que la ciudadanía tenga confianza, no informar el contenido de las investigaciones porque son reservadas por naturaleza. Lo público se verá en el juicio oral. Hay incluso una prohibición legal de difundir detalles que establece responsabilidades disciplinarias, ya que puede afectar la estrategia de investigación adelantando lo que uno tiene. Se puede inducir a que un tercero involucrado pueda mover piezas e impedir que se acerquen a la verdad. Es un tema de orden institucional y el comportamiento que todo magistrado debe tener, escrito en ley y escrito en piedra: los usos y costumbres institucionales. Lo primero que nos leen cuando ingresamos al Ministerio Público son las normas de conducta institucional.

Si usted hubiera sido fiscal de la Nación cuando los interrogatorios de Lava Jato se filtraban en tiempo real a un sector de la prensa, ¿qué hubiera hecho?

Inmediatamente hubiera oficiado al Órgano de Control Interno que intervenga porque el fiscal de la Nación no tiene competencia disciplinaria. En todo caso, la Junta de Justicia puede actuar de oficio. Si el que filtra información es el abogado de la parte, con mayor razón. Está dentro de una lista de faltas en la Ley de Carrera Fiscal. Control Interno ha debido intervenir y sancionar, incluso de oficio. Si no lo hace de oficio, el fiscal de la Nación puede remitirle copias de la prensa para que haga uso de su función. Esas filtraciones dañan la estrategia de investigación, más aún si es de naturaleza compleja.

Se ha cuestionado a la doctora Zoraida Ávalos porque acusa rápidamente a la oposición, pero cuando se trata de Martín Vizcarra o sus allegados, se toma varios días para iniciar investigaciones…

Creo que están mal asesorados o no analizan bien. No se están viendo comportamientos iguales en todas las cosas. Si tengo que investigar el delito, actúo igual en todos los casos. Si tengo que investigarlo porque son políticos, no puedo hacer una conferencia de prensa o lanzar un video en un caso y no en otro, se compromete a la institución. Una fiscal no necesitaría eso, con todos los años de experiencia que tiene.

¿Usted le hubiera abierto investigación preliminar por colusión a Vizcarra en el Vacunagate?

Las normas establecen supuestos de hechos distintos, y se debe ver si el comportamiento de este señor se adecúa a los tipos penales. De pronto, la investigación tiene información que es distinta de fuera. En todo caso, puede optarse por dos cosas: le abro investigación por tal o cual delito y después digo que no se da, o abro de un solo cargo, y luego abro con la calificación correcta en la siguiente etapa.

Lo digo porque al congresista Édgar Alarcón se le acusa constitucionalmente con los cargos más graves, y a Vizcarra con los que tienen menos años de condena…

Haciendo un análisis comparativo, no hay una similitud en comportamientos en la Fiscalía de la Nación. En unos casos se actúa de una manera, y en otros de otra. Corresponde una crítica constructiva porque eso no puede ser. Eso lleva a que se piense que sí hay politización en la justicia, lo cual me resisto a creer. No existe coherencia en el accionar, en un lado con unos y con otros. Si es politización, Dios me libre. Eso debería investigarlo la Junta Nacional de Justicia y el Congreso.

¿Qué opina de que la doctora Ávalos prácticamente haya dicho que el Congreso quiere su cabeza porque si no acude la acusan constitucionalmente?

La señora fiscal está mal asesorada. Es su deber ir al Congreso. Cuando yo era suprema o fiscal de la Nación, nos citaba el Congreso, y siempre hemos asistido. Incluso era mejor asistir, porque eso nos permitía aclarar e informar directamente, y darles elementos de juicio o documentarlos para que resuelvan de una manera correcta y para que no hagan comentarios equivocados. No sé por qué ahora se resisten a ir al Congreso.

Vizcarra también dice que el Congreso lo persigue…

Parece que son contagiosos algunos comportamientos de políticos. El fiscal es el defensor de la sociedad, de la legalidad, del orden y la seguridad de la sociedad. Que vaya y que los aclare, si es necesario. Eso no le quita ni le resta independencia. Ella participa de consejos con políticos, en los Consejos de Estado, que no sé qué cosa tenía que hacer allí, pero no creo que sea una persecución política la convocatoria del Congreso.

¿Cuáles son sus propuestas para el Congreso?

Por la situación de la crisis, lo primero es lograr consensos para combatir la covid-19 y atender la salubridad, llegar a una concertación de políticas públicas para equilibrar las sanitarias con las económicas. Eso no quita que vayamos avanzando con proyectos que tenemos en mente, de entrar a un cambio en el sistema de justicia.

¿Por dónde empezaría?

Con la creación de una Escuela Judicial, donde se forme, capacite y nombre a magistrados, sean jueces o fiscales. Los egresados de Derecho que quieran serlo, pueden estudiar allí dos o tres años para que se vayan perfilando comportamientos, y los mejores alumnos ingresarían. Se intentó hacer concursos con comisiones o consejos, pero no nos dio resultados. Se vio con buenos ojos la participación de la sociedad civil, pero corresponde a las autoridades dirigir estas medidas.

Además una reforma del sistema de justicia implica: 1) La revisión de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial para sancionar aquellos magistrados que no cumplen sus funciones. 2) Fiscalizar la inmediata ejecución de los fallos judiciales a favor de los pensionistas de la ONP. 3) Impulsar una legislación que reactive la inmediata titulación de las viviendas de los asentamientos humanos. 4) Propiciar leyes que permitan un tratamiento estratégico contra la delincuencia.

En los últimos años hubo una reforma de justicia…

Reformar no es solo cambiar de nombre y modificar algunos detalles, porque siguen seleccionando personas que luego van a evaluar a quienes los seleccionaron. El control interno debe sistematizarse, para que el procedimiento administrativo vaya por un lado, y la investigación penal por otro.

¿Cómo aceptó ir en la lista de Alianza para el Progreso, cuando César Acuña afronta varias investigaciones?

Cuando él me invita, fue una de las primeras preguntas que le formulé. Me dijo que no tenía mayores investigaciones, y me mostró información al respecto. Me mostró cómo muchas denuncias fueron archivadas, y que no iba a permitir que alguien en problemas con la justicia esté con él. Luego se tomó conocimiento de la candidata de Puno –involucrada en tráfico de drogas- y hubo respuesta inmediata porque se le separó.

Humberto Acuña está condenado por corrupción…

Me explicaron que es por hechos de un tercero que lo ha involucrado, y está pendiente un recurso ante la Corte Suprema. En todo caso, cuando haya una sentencia firme, se acatará, porque la ley es para todos.

¿Cuál fue el momento más difícil cuando trabajaba como fiscal?

Cuando estuvieron en riesgo nuestras vidas, porque perseguíamos al terrorismo, y salíamos de nuestras casas sin saber si íbamos a regresar. Tuvimos amenazas de muerte, pero seguimos adelante. En cuanto a la dificultad para recopilar pruebas, estuvo el caso Fujimori, pero tuvimos excelentes peritos que encontraron la ruta del dinero, y en año y medio terminaron las investigaciones.

JUNTA DE FISCALES

“Hay cosas que se han dado, ciertas o no, que obligan a que se recomponga la Junta de Fiscales Supremos. Por treinta días sigue prolongándose la investigación a Tomás Gálvez. La Junta Nacional de Justicia debería definir eso de una vez para que ocupe su lugar o sea reemplazado”, señala la Dra. Echaíz.

INSTITUCIÓN CAÓTICA

“Lamento mucho y duele lo que está pasando en el Ministerio Público. Hace algunos días se hizo notar la falta de autoridad que había en la institución. Y eso se evidenciaba por las actitudes de varios fiscales que, en busca de protagonismo, hacían lo que consideraban, más allá de su deber funcional, más allá del comportamiento que debe observar todo buen fiscal, todo buen magistrado, sin que nadie, ni el Órgano de Control, reaccione. Por tanto, desde fuera la visión que uno tiene es de una institución debilitada, caótica, sin una cabeza, sin una conducción, donde los ‘favoritos’, digamos (…), hacen lo que se les viene en gana.”. (25/2/2021. Programa de Milagros Leiva en Willax TV).

INVESTIGAR A SUPREMOS

“¿Quién investiga a los fiscales supremos, si lo cometido es delito? El Congreso. Si es falta, corresponde a la Junta de Justicia. Esto debería agilizarse con dos fiscales supremos del mismo rango del fiscal de la Nación dedicados a investigar a los mismos de su nivel, pero que no integren la Junta de Fiscales Supremos”.

POR: CÉSAR ROJAS

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