Judicial

Mentiras presidenciales son problemas de EstadoDiario Expreso

POR LUIS LAMAS PUCCIO

A raíz de la controversia surgida sobre la versión oficial proporcionada por el presidente Francisco Sagasti y su presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez, sobre que nunca fueron consultados, instruidos o informados sobre la vacunación de la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, surge la interrogante sobre cuáles podrían ser las consecuencias gubernamentales conforme a los principios legales que rigen nuestro sistema constitucional, en caso se corroborara que las afirmaciones vertidas por el Presidente sobre un tema tan espinoso y embarazoso, en realidad no sucedieron como señala el primer mandatario.

En caso se constatara que se trata de una afirmación falsa, y frente a la negativa de aclarar o desmentir ante la comisión que investiga estas aseveraciones, el tema -por su contenido- trasciende lo meramente jurídico y se convierte en un problema de Estado. Un tema de Estado porque nos encontramos frente a lo que señala la Constitución Política de nuestro país, respecto al correcto desempeño y comportamiento que debe tener el Presidente, de quien se señala que habría faltado a la verdad sobre hechos que son motivo de una investigación.

Como sabemos, el presidente de la República es nada menos que el jefe y la máxima expresión de la autoridad en nuestro país. Por tanto, personifica a la nación en todo su contexto, tanto hacia los propios peruanos como ante la comunidad de naciones. El jefe de Estado dirige la política interna y exterior, así como personifica a las fuerzas armadas y la policía nacional. Sus funciones, entre otras importantes, es velar por la integridad nacional en su contexto amplio y restringido. Tiene prerrogativas para que en casos graves de agresión externa, pueda declarar la guerra o firmar la paz.

En los mismos términos, administra la hacienda pública y puede dictar medidas extraordinarias para su correcto desempeño, al margen de otras como conceder indultos y perdonar penas frente a determinados delitos, y también otorgar condecoraciones y ejercer todas y cada una de las funciones que le señala la Constitución Política.

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