Política

Los intocables de la DigiminDiario Expreso

POR PLINIO ESQUINARILA

Los días posteriores al 23 de marzo de 2018, en que Martín Vizcarra juramenta como presidente de la República en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, son claves para entender su paso por Palacio de Gobierno con su principal bandera que fue la lucha anticorrupción, con apoyo de tres o cuatro oficiales del Ministerio del Interior.

Y es que en la llamada comunidad de inteligencia ahora se sabe que el mismo día que Vizcarra asumía el mando (y días después) se suscitaron conversaciones telefónicas entre Antonio Camayo y César Hinostroza Pariachi para que aquel empresario lo presente a este juez supremo ante el flamante mandatario.

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Luego, los primeros días del mes de abril de 2018, César Hinostroza conversa telefónicamente con el abogado Aurelio Quispe, para pactar reuniones con el mismo Vizcarra para ver un caso judicial donde estaría involucrado el presidente.

En los servicios secretos se afirma que fue en esos momentos que el grupo de oficiales del cogollo de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) -el coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, más conocido con el apelativo de “Conejo”, y el mayor PNP Manuel Arellanos Carrión (”Max”)- se habrían contactado con el nuevo jefe de Estado para advertirle que podría estar incurso en varios delitos por las interceptaciones de lo que después se llamaría el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto” que estalló poco después, el 7 de julio de 2018.

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No era ajeno a estas tratativas el general PNP en retiro, Carlos León Romero, viceministro del Interior, interesados los tres oficiales de los servicios secretos en lograr la confianza del presidente con el objetivo de asegurar la continuidad de sus cargos en la Digimin, que es la estratégica Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. En la misma corriente estuvo el general PNP César Cervantes Cárdenas.

Estos acuerdos se hicieron más amplios en la reunión del entonces presidente Vizcarra, en su condominio de San Isidro, con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, con la presencia determinante del mayor PNP Manuel Arellanos Carrión de la Digimin. Castro recuerda que fue en julio de 2018 y Sánchez que fue en marzo.

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