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Poder Judicial anula condena de 4 años contra el fundador de Perú Libre Diario Expreso

Por Janet Leiva

El Poder Judicial anuló la condena por cuatro años de prisión suspendida contra el expresidente regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas acusado de favorecer al consorcio Altiplano con el pago de S/ 850 mil por gastos generales en la ejecución de la obra del sistema de alcantarillado y agua potable de La Oroya.

EXPRESO accedió a la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba. El magistrado a cargo Alain Salas Cornejo declaró improcedente el hábeas corpus, sin embargo, fundada en parte la demanda con lo que anuló la resolución del Quinto Juzgado Anticorrupción que lo condenó por el delito de negociación incompatible en el año 2019.

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En esa línea, ordenó al juzgado emitir un nuevo pronunciamiento en el plazo de ley y de manera inmediata se reponga al estado anterior. Es decir, que todo vuelva a fojas cero y se anule todas las restricciones en contra de Cerrón Rojas.

La defensa legal del ex funcionario regional había cuestionado además la decisión de los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de Junín que confirmaron la sentencia. El juez Salas Cornejo, consideró que ambas resoluciones no dieron indicios de hechos probados y que presentaría una deficiente justificación.

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“De lo desarrollado en esta sentencia, al haberse concluido que las resoluciones judiciales (sentencia de instancia y segundo grado) han vulnerado el principio a la debida motivación de resoluciones judiciales (motivación tanto aparente, tienen deficiencias de motivación externa y no ha sido cualificada) en conexidad con la libertad individual, corresponde estimarse la demanda y declarar nulas las resoluciones”, dice la resolución.

PRUEBAS

La Fiscalía sostiene que Vladimir Cerrón Rojas habría cometido presuntos actos de corrupción por la emisión de la carta N° 117-2011 GR del 15 de diciembre de 2011. Agrega que existió una abierta manifestación de un “interés indebido” de manera directa y en beneficio de un tercero.

Añade que, el envío de la misiva a la Oficina de Convenios y Procesos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de que se paguen mayores gastos generales a la empresa consorcio Altiplano, encargado de dicha obra de la Oroya, se habría realizado tras el cumplimiento de algunos trámites administrativo que perjudicó al Estado con ochocientos cincuenta mil soles.

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