Política

Presentan denuncia constitucional contra Sagasti, Bermúdez y Ugarte por reciente vacunación de Vizcarra Diario Expreso

El congresista de la República, César Gonzales Tuanama, interpuso una denuncia constitucional contra el presidente Francisco Sagasti, la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, por la reciente vacunación del exmandatario Martín Vizcarra.

Según el legislador, la denuncia se ampara en la trasgresión de los artículos 9 y 38 de la Constitución y de los artículos 377 y 387 del Código Penal y sale a flote por la reciente vacunación del expresidente Martín Vizcarra, por la cual el Ministerio de Salud admitió su “error” al incluirlo en el proceso de vacunación.

“No hace más que demostrar que los denunciados infringieron la Constitución flagrantemente y poseen una total responsabilidad penal dolosa y omisiva a la vez respecto del aprovechamiento y favorecimiento indebido que realizó el expresidente este 27 de junio; pues dicha conducta no comprende un mero ‘error’ del sistema, como lo ha precisado el titular del Minsa”, sostiene.

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Para el parlamentario, “Martin Vizcarra, a la actualidad, ya va por su tercera dosis, gracias a la autorización del titular de este gobierno, la premier y el ministro de Salud, quienes pareciera que poco les importa la cantidad de personas que esperan su primera dosis y prefieren seguir favoreciendo a sus aliados en actos de corrupción, quienes aprovechándose de sus altos cargos, casi 500 personas fueron beneficiadas de manera irregular y de manera secreta con la inmunización contra la COVID-19”.

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Por lo cual, para César Gonzales, estas conductas se tipifican como delito de peculado doloso “ya que los denunciados Francisco Sagasti, Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte con los cargos de presidente de la Republica, premier y ministro de Salud utilizaron los efectos de los caudales (dinero de los peruanos) que administran para beneficiar a un tercero que resulta ser Martin Vizcarra Cornejo”.

“El accionar del Gobierno, constituye entre otros delitos, una seria imputación por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, agregó el congresista, quien solicitó que se aplique la sanción política a los denunciados de inhabilitación de 10 años y se remita al Ministerio Público.

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